A un año de la explosión del escándalo del Caso Convenios, el Gobierno enfrenta duras críticas y llamados a cumplir su promesa de “caiga quien caiga” y devolver “cada peso” malversado. La publicación original, que apareció el 16 de junio de 2023 en el medio regional Timeline, destapó la adjudicación de $426 millones a una fundación vinculada a la pareja de la diputada Pérez (RD). Este caso se ha convertido en una pesadilla para el Frente Amplio, asociado a graves delitos de corrupción.
Diversos parlamentarios han expresado su indignación y sus demandas de justicia. El diputado José Miguel Castro (RN) cuestionó la falta de acciones contundentes por parte del Gobierno. “Este fin de semana se cumple un año desde que se destapó el caso; a nivel político no se ha cumplido el ‘caiga quien caiga’ ni hay responsabilidades claras de cara a la ciudadanía. Sigue en funciones el ministro cuestionado, sigue (Miguel) Crispi liderando a los asesores en el Segundo Piso, por lo que el Gobierno miente y el Presidente también cuando dice que van a llegar a las últimas consecuencias”, afirmó.
Para Castro, la falta de medidas drásticas es un reflejo de la corrupción latente. “Este Gobierno va a ser recordado como el más corrupto, pero no solo eso, sino como el que ha querido meter bajo la alfombra toda esta corrupción. Es fundamental que el Gobierno tome medidas inmediatas y ejemplares para enfrentar esta situación. La recuperación de los fondos malversados debe ser una prioridad, y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia”, añadió.
El jefe de bancada de Evópoli, diputado Jorge Guzmán, se sumó al coro de críticas. “Esperamos lo mismo que todos los chilenos: que se determinen las responsabilidades y se devuelva cada peso. Tenemos investigaciones en casi todas las regiones del país que involucran a altas autoridades de este Gobierno, a parlamentarios y a gobiernos regionales enredados en el fraude más grande de la historia, pero aún no se encuentra a todos los responsables. Chile merece saber la verdad, caiga quien caiga”, subrayó.
Por su parte, la diputada Natalia Romero (IND-UDI) señaló que este caso nunca dejará de revelar nuevas aristas y criticó la falta de transparencia del Gobierno. “Lo que más molesta es que el Frente Amplio llegó a la política con el lema de limpiar y mostrar que ellos no eran corruptos, pero acá mostraron lo peor en la política. Le mintieron a la opinión pública en todo. Ojalá que no exista un nuevo caso que remeza la política en temas de probidad y corrupción”, manifestó.
Desde el PDG, la diputada Karen Medina lamentó la falta de acción y las lagunas legales que permiten la impunidad. “Es una pena que hoy día vemos cómo las fundaciones han empezado a darse la quiebra y vemos cómo los recursos no se han devuelto al Estado. Es lamentable. Yo creo que están apostando al olvido”, declaró.
En un intento de defender la gestión oficialista, el jefe de bancada IND-PPD, diputado Jaime Araya, reconoció la complejidad del caso y destacó la labor del Ministerio Público y la Contraloría. “Lo importante sigue siendo la capacidad institucional de nuestro país para enfrentar casos complejos y de alto impacto en la opinión pública”, resaltó.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ofreció una reflexión crítica, reconociendo que el Caso Convenios fue “un cachetazo de realidad, un baño de humildad y un aterrizaje forzoso” para Revolución Democrática. “Más allá de lo que ocurrió, que es totalmente condenable, también es importante ver cuál fue la reacción del partido. En Revolución Democrática nunca quisimos minimizarlo, taparlo o excusarnos”, concluyó.
