En una emotiva solicitud, Jennifer Robinson, la abogada de Julian Assange, hizo un llamado al presidente Gabriel Boric para que intervenga en nombre del fundador de WikiLeaks y presione a Estados Unidos para que ponga fin al caso que lo enfrenta. Este pedido se produjo durante un evento en Santiago, organizado por la ONG latinoamericana Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en el que se discutió la situación legal de Assange.
El Tribunal Superior de Londres anunció recientemente que el próximo 20 de mayo se reanudará el proceso de extradición de Assange, tras recibir las garantías solicitadas por Estados Unidos sobre su tratamiento en ese país. Washington busca enjuiciar a Assange por 18 cargos, incluyendo espionaje e intrusión informática, relacionados en gran medida con la divulgación de información clasificada sobre las acciones militares estadounidenses en Iraq y Afganistán.
Durante el evento, Kristinn Hrafnsson, editor jefe del portal WikiLeaks, denunció la persecución global de periodistas y la confiscación de equipos informáticos por parte de los gobiernos, destacando el caso de Assange como un ejemplo preocupante de este fenómeno.
Assange, inicialmente detenido en 2010 por solicitud de Suecia en un caso que fue posteriormente archivado, se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. Sin embargo, fue arrestado por la policía británica en 2019 tras la revocación de su estatus de asilo por parte de Ecuador, y desde entonces se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, a la espera de su extradición.
La situación de Assange ha llamado la atención a nivel internacional, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconociendo públicamente que está considerando la solicitud de cierre del caso presentada por el primer ministro australiano, Anthony Albanese.
La petición de Robinson fue respaldada por un grupo de diputados oficialistas, quienes instaron a Boric a sumarse a la solicitud de libertad para Assange. Este gesto se une al apoyo expresado por líderes latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés López Obrador.
Con la fecha de la próxima audiencia de extradición cada vez más cerca, los parlamentarios chilenos destacaron las graves consecuencias que podría enfrentar Assange si es enviado a Estados Unidos, incluyendo una posible condena de 175 años de prisión o incluso la pena de muerte.
