Un reciente informe de Ciper ha sacado a la luz que numerosos candidatos de diversos partidos políticos han empleado fondos de campaña para contratar a sus familiares durante sus postulaciones al Consejo Constitucional. Si bien la legislación chilena no prohíbe esta práctica, la revelación ha suscitado inquietudes acerca de la posible desviación de fondos públicos o donaciones destinadas a las campañas hacia el círculo cercano de los candidatos, a menudo sin justificación ni evidencia de los servicios prestados.
Llamados a una Mayor Regulación
La discusión se centra en si se deberían establecer regulaciones más estrictas para esta práctica. Algunos expertos en financiamiento político han planteado la necesidad de prohibiciones en determinados casos o requisitos que obliguen a justificar por qué un familiar es la persona idónea para desempeñar un servicio específico.
Partidos Políticos Bajo Escrutinio
La controversia ha involucrado a partidos políticos de distintas tendencias, con candidatos de diversas afiliaciones que han recurrido a la contratación de familiares durante sus campañas. Se han identificado casos en los que se utilizaron recursos públicos para remunerar a familiares por servicios como asesoría financiera, administración de gastos electorales y diseño de campañas, entre otros.
Según informa el medio de investigación, al analizar la nómina de los 40 aspirantes al Consejo Constitucional identificados en la revisión, se observa que los partidos con mayor cantidad de casos son los siguientes:
- Partido Republicano: 9 candidatos con contratación de familiares.
- Partido de la Gente: 8 candidatos con contratación de familiares.
- Partido Demócrata Cristiano: 7 candidatos con contratación de familiares.
- Renovación Nacional: 5 candidatos con contratación de familiares.
Sin embargo, esta situación ha afectado a partidos de diversas corrientes políticas. Los montos más significativos destinados a la contratación de familiares por partido son los siguientes:
- Partido de la Gente: $22,1 millones.
- Partido Republicano: $14,4 millones.
- Renovación Nacional: $11,4 millones.
- Partido Demócrata Cristiano: $11,4 millones.
- Partido Socialista: $10,9 millones.
- Unión Demócrata Independiente: $5 millones.
- Revolución Democrática: $3,2 millones.
La Transparencia en el Financiamiento Político en el Proceso Constitucional
Este debate surge en un momento en que Chile se encuentra inmerso en la redacción de una nueva Constitución a través de la Convención Constitucional, donde la transparencia en el financiamiento político se erige como un tema fundamental en el proceso de reforma. Los informes sobre la contratación de familiares por parte de candidatos han suscitado llamados para establecer regulaciones más nítidas y rigurosas, con el fin de prevenir potenciales conflictos de interés y garantizar la transparencia en el proceso electoral.
Cabe destacar que esta discusión no es exclusiva de Chile, ya que la contratación de familiares por parte de candidatos a cargos públicos ha sido tema de debate en diversos países, en busca de promover la transparencia y la ética en la política.
