La Corte Suprema se pronunció sobre el proyecto de ley destinado a reformular la Ley Antiterrorista, que define las conductas terroristas y establece las sanciones correspondientes. El informe, solicitado por el Congreso, se envió al Senado tras la revisión realizada en la sesión plenaria del 2 de octubre.
Preocupaciones Sobre el Uso de la Ley Antiterrorista
En el informe, la Corte Suprema abordó tres aspectos fundamentales: la definición de conductas terroristas, la penalización de estas conductas y la aplicación de medidas de investigación intrusivas para esclarecer los hechos. Según informa, “la penalización de conductas relacionadas con el terrorismo representa uno de los desafíos legislativos más complejos en el marco de las democracias contemporáneas”. La gravedad de este problema, junto con las posibles consecuencias radicales, exige mecanismos específicos para salvaguardar a la población.
Sin embargo, el informe destaca que “la imposición de penas severas y la incorporación de reglas procesales excepcionales generan preocupaciones sobre el uso político o injusto de estas normas por parte de los Estados”. La Corte Suprema subraya la importancia de regular los actos terroristas con cautela, especialmente en lo que respecta a las garantías fundamentales, como el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Implicancias de Casos Pasados
El informe también hace referencia a la decisión de la Corte Suprema en 2019, que anuló las condenas dictadas por la Corte de Apelaciones de Concepción contra ocho mapuches en el caso Norín Catrimán, basándose en un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el documento, “No se pueden ignorar las posibles implicancias en términos de responsabilidad del Estado de Chile, especialmente en casos como el de Norín Catrimán, que deben ser un eje rector en cualquier discusión legislativa al respecto”.
Necesidad de Claridad en la Legislación Antiterrorista
En su análisis remitido al Senado, la Corte Suprema enfatiza que el legislador debe tener un cuidado excepcional al fortalecer y ampliar el alcance de la ley antiterrorista, especialmente en lo que concierne a finalidades vagas como “alterar gravemente el orden público” o la incorporación de tipos penales como la “apología del terrorismo”. El documento advierte sobre la sospecha de uso político inherente a esta legislación y la historia del delito en la regulación chilena.
Observaciones Sobre Penalidades y Disposiciones Actuales
El informe también destaca la complejidad de eliminar ciertas reglas establecidas en la ley actual, como la que exime de responsabilidad a aquel que revele su plan y las circunstancias del mismo. Además, menciona el descarte de una disposición que permite a los tribunales disminuir las penas para quienes colaboren en la prevención de delitos terroristas. Según la Corte Suprema, ambas reglas son herramientas eficaces que no deberían omitirse en casos tan controvertidos.
Ambigüedades en el Proyecto de Ley
El informe señala que el proyecto de ley contiene disposiciones ambiguas, especialmente en el artículo 18, y sugiere que el legislador aclare estas ambigüedades para evitar interpretaciones equívocas. La Corte Suprema destaca que el propósito de la legislación debe ser claro, especialmente cuando se trata de delitos terroristas.
Medidas de Investigación Intrusivas
El informe de la Corte Suprema también aborda las medidas de investigación intrusivas propuestas en el proyecto de ley, como la intervención en redes de servicios de telefonía y transmisión de datos móviles. Según la Corte, estas medidas son extraordinariamente intrusivas y deberían aplicarse de manera restrictiva, solo en casos donde la ley tipifique claramente conductas terroristas.
En resumen, la Corte Suprema ha emitido un informe que expresa preocupaciones sobre el proyecto de reforma de la Ley Antiterrorista, subrayando la importancia de salvaguardar las garantías fundamentales y evitar un uso político injusto de estas normas, además de la necesidad de claridad y precisiones en la legislación propuesta.
