Un exhaustivo estudio realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) arrojó resultados reveladores sobre el uso de la Ley de Seguridad del Estado durante el período comprendido entre 2019 y 2022, años marcados por el estallido social en Chile. El Gobierno, encabezado por la oposición al gobierno de turno, hizo un uso más frecuente de esta herramienta, especialmente a través del Ministerio del Interior, para combatir delitos relacionados con el orden público.
Mayoría de casos cerrados sin culpables
El informe del CPLT pone de manifiesto que en la gran mayoría de los casos, de un total de 781 querellas analizadas, estas se cerraron sin que se identificara a los responsables, debido a la falta de evidencia o a la incapacidad de demostrar la participación de individuos específicos en los hechos.
Un porcentaje cuestionable
De las causas examinadas, solo 42 de ellas, equivalentes al 5% del total, no continuaron bajo investigación bajo la Ley de Seguridad del Estado en el período de cuatro años analizado. Estos datos plantean preguntas sobre la efectividad de esta herramienta legal en la lucha contra los delitos contra el orden público.
El desafío de la transparencia
Francisco Leturia, director del CPLT, expresó su preocupación por la falta de acceso a información pública relacionada con estas investigaciones: “Cuesta entender que no esté trabajada, disponible y que no sea pública. Uno puede tener opiniones distintas sobre la efectividad, pero lo que no puede haber es desinformación”.
Eficiencia en entredicho
Leturia también criticó la eficacia de esta herramienta, comparándola con un medicamento: “Si un analgésico tuviera efecto solo en un 20% de los casos, estaríamos preocupados, probablemente”.
Cierre de causas en cifras
Según el análisis del Consejo, se determinó que en 374 de las causas revisadas se tomaron medidas como el desistimiento, sobreseimiento, suspensión, decisión de no perseverar o archivo provisional, lo que representa un 48% del total de casos estudiados.
Conclusión
Los resultados de este análisis realizado por el CPLT ponen de manifiesto la necesidad de una revisión y evaluación exhaustiva de la Ley de Seguridad del Estado en Chile. La oposición al gobierno actual cuestiona su eficacia y aboga por una mayor transparencia en el proceso de aplicación de esta controvertida herramienta legal.
