Estimado Director,
Quisiera expresar mi profunda preocupación respecto a la prolongada duración de las investigaciones llevadas a cabo por organismos como el Ministerio Público y la Contraloría. Estos entes tienen la responsabilidad de velar por la justicia y la transparencia en nuestra sociedad, sin embargo, la excesiva duración de sus investigaciones pone en entredicho su eficiencia y afecta negativamente a los principios fundamentales del derecho.
En primer lugar, es alarmante observar cómo las investigaciones se extienden por años sin que se presenten avances sustantivos. Esta situación deja a la ciudadanía en una incómoda incertidumbre, sin claridad sobre si se cometieron delitos o faltas administrativas, o si las personas involucradas son realmente inocentes. Tal incertidumbre erosiona la confianza pública en estas instituciones y en la administración de justicia en general.
El principio de presunción de inocencia, pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, se ve gravemente afectado por estas demoras. Las personas bajo investigación, aún sin ser formalmente acusadas, enfrentan el estigma social y las consecuencias personales y profesionales que acompañan a la mera sospecha de irregularidades. Es inaceptable que alguien deba cargar con esta acusación indefinidamente debido a la ineficacia de las investigaciones.
Además, la objetividad de las investigaciones se ve comprometida. Las demoras prolongadas pueden dar lugar a influencias externas, pérdida de evidencia y desgaste de los recursos institucionales. Una justicia demorada es, en efecto, una justicia negada. La ciudadanía merece respuestas claras y oportunas, y las ciudadanía y los acusados tienen derecho a que estos casos se resuelvan con celeridad y equidad.
Es imperativo que el Ministerio Público y la Contraloría adopten medidas para agilizar sus procesos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. La implementación de plazos razonables para la conclusión de las investigaciones y la presentación de informes periódicos sobre el avance de los casos son pasos necesarios para restaurar la confianza pública.
Insto a las autoridades competentes a priorizar la eficiencia y la justicia en sus procedimientos, asegurando que ningún ciudadano sea injustamente afectado por la dilación de las investigaciones.
Atentamente,
Paola Villa A.
