Blanca Berrocal, Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), ha destacado graves problemas estructurales y una preocupante falta de voluntad política en la implementación del servicio, en respuesta a diversas denuncias surgidas en las últimas semanas, incluyendo casos en Tarapacá y otras regiones.
Desde la creación del Servicio de Protección Especializada, los funcionarios han mostrado un compromiso ejemplar trabajando incansablemente para restituir los derechos de la infancia vulnerada en Chile. Sin embargo, Berrocal advierte que los problemas estructurales han obstaculizado el progreso, afectando tanto los modelos residenciales como los ambulatorios. Estos problemas, asegura, revelan una falta de voluntad política para fortalecer los modelos residenciales y atender adecuadamente a niños con graves problemas de salud mental, consumo de sustancias y otras vulneraciones de derechos.
Berrocal enfatiza la necesidad de participación intersectorial y orientaciones técnicas claras para responder adecuadamente a las demandas de atención de las niñeces vulneradas. Hace un llamado a las autoridades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, para que cumplan con el mandato de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Esto implica una acción coordinada y efectiva.
ANFUSEPNA ha solicitado la creación de modelos de atención en sistemas de cuidado alternativo residencial que respondan a las necesidades específicas de la infancia y adolescencia atendidas. Además, es fundamental incorporar criterios de responsabilización para aquellos niños que incurren en conductas infractoras de la ley penal. La demanda de atención sigue siendo altísima, con 43.299 casos en lista de espera al 30 de abril de 2024.
A pesar del trabajo dedicado y profesional de los funcionarios, Berrocal subraya que los problemas estructurales y la falta de apoyo adecuado han creado un clima interno muy complejo, con denuncias de maltrato, acoso laboral y sexual en aumento. En la región de O’Higgins, por ejemplo, se han registrado 110 sumarios en curso relacionados con estas denuncias, algunas de larga data.
En Tarapacá, se ha solicitado un fiscal exclusivo para abordar 11 denuncias por maltrato laboral y abuso de poder. De estas, 5 se han consolidado en un solo protocolo, con dos funcionarias actualmente con licencia laboral bajo resolución de la ACHS de un total de 39 en la región. La autoridad solo ha realizado un traslado a la dirección nacional de una de las personas presuntamente involucradas en dichos actos, y aún no hay un fiscal definitivo que investigue.
Berrocal también critica la insuficiente intervención del Poder Judicial en la aplicación de la Ley de Garantías y Derechos de la Infancia y Adolescencia. Señala que los problemas e improvisaciones del servicio se están repitiendo en el proceso de traspaso al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, generando incertidumbre y afectando el clima laboral.
Finalmente, Berrocal expresa la urgencia de que la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República tomen cartas en el asunto, ya que la situación actual afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal. Hace un llamado a las autoridades para que demuestren un verdadero compromiso con la infancia y trabajen de manera intersectorial para brindar una atención adecuada a las niñeces vulneradas.
