En un revelador informe, al menos 65 autoridades y altos funcionarios públicos en Chile enfrentan deudas de crédito universitario hasta el 31 de diciembre de 2023. La lista, proporcionada por el Consejo de Rectores (Cruch), incluye alcaldes, concejales, gobernadores, delegados presidenciales, seremis, diputados y jueces, quienes se encuentran con cuotas impagas, lo que ha generado una ola de indignación.
El Polígrafo reveló que al menos 235 altos funcionarios reconocen tener deudas universitarias en sus declaraciones de patrimonio, actualizadas en marzo de este año. Entre estas deudas, ocho corresponden al Crédito con Aval del Estado (CAE), mientras que el resto pertenece al Fondo Solidario del Cruch. La situación de morosidad en este último es pública, según la Ley 19.287, lo que ha permitido destapar esta preocupante realidad.
El promedio de las deudas asciende a $10 millones, con la más elevada registrándose en $69 millones, atribuida a Mariana Díaz, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. Díaz afirmó desconocer su situación hasta la semana pasada, cuando reestructuró sus pagos. En la lista figuran al menos 11 jueces y tres relatores, además de otros funcionarios del Poder Judicial.
Particularmente alarmante es la situación de los delegados presidenciales: Anwar Farrán, delegado de Ñuble, debe $21 millones, mientras que Fabio López, delegado de O’Higgins, aparece con una deuda de $1,3 millones, aunque López presentó un comprobante de pago correspondiente al mes de marzo.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien debía $2,3 millones, ya ha saldado su deuda. Sin embargo, diez concejales acumulan una deuda conjunta de más de $150 millones, y cinco seremis de Educación también figuran en la lista.
