En un giro inesperado y polémico, Luis Alejandro Soto Pérez, abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos y excarabinero, se encuentra bajo investigación por la propia Fiscalía tras su cuestionado desempeño en una audiencia que resultó en la liberación de cuatro presuntos miembros del peligroso Tren de Aragua.
El pasado lunes 3 de junio, Soto Pérez, de 50 años y titulado en derecho en 2020, se presentó ante la jueza Daniella Pinto durante la revisión de medidas cautelares para los imputados, quienes enfrentan cargos por secuestro agravado. La audiencia concluyó con la modificación de las medidas cautelares, pasando de prisión a arresto domiciliario total para los sospechosos, una decisión que la magistrada atribuyó a la falta de fundamentación por parte de Soto Pérez.
Este incidente desató una serie de reacciones inmediatas. El Ministerio Público anunció una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido y verificar si se siguieron los protocolos adecuados. Además, se inició una indagatoria penal en contra de Soto Pérez por posibles delitos cometidos durante la audiencia. El fiscal nacional, Ángel Valencia, asignó esta investigación al fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, quien deberá determinar si el abogado incurrió en delitos de obstrucción a la investigación.
La controversia se intensificó cuando el fiscal nacional mencionó en una entrevista con Radio Agricultura que el comportamiento de Soto Pérez podría deberse a amenazas recibidas. Valencia expresó “preocupación, autocrítica, indignación, vergüenza” ante la situación, subrayando la necesidad de actuar con mayor responsabilidad y profesionalismo en casos de alta gravedad.
Luis Alejandro Soto Pérez, oriundo de la Región del Maule y exsuboficial mayor de Carabineros, se tituló en la Universidad Central en 2020 y se unió al Ministerio Público en enero de 2024. Con apenas cinco meses en su nuevo cargo, su actuación en esta audiencia ha puesto en jaque su carrera y ha levantado serias dudas sobre su competencia y ética profesional.
La jueza Pinto, visiblemente molesta, reprendió a Soto durante la audiencia: “Usted tiene que venir con un estudio acabado de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en los que usted puede fundar esta participación… No me puede hacer alegaciones tan generales para poder resolver”.
La investigación penal también contempla la protección de víctimas y testigos, mientras el fiscal nacional instó a todos los fiscales y abogados asistentes a actuar con “el mayor profesionalismo y la mayor dedicación” en casos de delitos graves y bandas peligrosas.
Este caso, que combina elementos de inexperiencia, posible intimidación y fallos en el sistema judicial, promete seguir acaparando titulares mientras se esclarecen los detalles y se determina el destino de Luis Alejandro Soto Pérez.
