Tras una exhaustiva investigación que abarcó 130 páginas, los 13 diputados que conforman la Comisión especial investigadora han emitido un informe unánime, destacando fallas sistémicas en diversos organismos públicos que han permitido episodios de corrupción en Chile. Desde representantes del Partido Republicano hasta del Partido Comunista, respaldaron las conclusiones de este informe, presidido por Daniel Manouchehri (PS).
El origen de esta investigación se remonta a la revelación, por parte de CIPER, de un audio datado el 22 de junio del año pasado. En esta grabación se escucha a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, discutir sobre presuntos pagos de coimas a funcionarios públicos. La comisión consideró seis reportajes de CIPER como parte esencial de su informe final.
Los diputados no escatimaron en críticas hacia Luis Hermosilla, acusándolo de ser un “operador del Poder Judicial” más que un mero penalista. Se cuestionaron por qué, a pesar de los evidentes antecedentes, el abogado no ha sido formalmente acusado ante un juzgado.
Durante la investigación, se solicitó información sobre los pagos realizados a Hermosilla durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera a diversos ministerios, obteniendo respuestas del Ministerio del Interior, de Salud, de Transportes y de Defensa. Estos datos serán remitidos a la Contraloría de la República y al Consejo de Defensa del Estado para su evaluación.
La influencia de Hermosilla en los nombramientos del Poder Judicial también fue objeto de estudio. Sin embargo, la falta de colaboración por parte de la Corte Suprema, cuyo presidente no asistió a las solicitudes de la comisión, dejó interrogantes sin respuesta.
Además de las implicaciones individuales, la comisión investigadora señaló deficiencias en el Servicio de Impuestos Internos (SII), especialmente en su capacidad para detectar y abordar reclamos administrativos de contribuyentes. La anulación de siete liquidaciones imputadas al empresario Daniel Sauer por más de $3 mil millones, en un caso vinculado a presuntos sobornos, ilustra estas debilidades.
Los parlamentarios concluyeron que las deficiencias en los procedimientos administrativos del SII, sumadas a la falta de limitaciones en los reclamos de los contribuyentes, facilitan la explotación del sistema por parte de abogados tributarios.
La filtración de información confidencial desde el SII hacia la abogada Leonarda Villalobos también suscitó preocupación. Los diputados exigieron respuestas sobre las medidas adoptadas para evitar tales filtraciones.
Respecto al rol de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), se reconoció la validez de su proceso fiscalizador sobre la corredora de bolsa STF, propiedad de los Sauer, y se instó a la divulgación de los resultados de las investigaciones internas activadas tras la publicación de los reportajes de CIPER.
