La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un reciente informe que arroja luz sobre las protestas que se llevaron a cabo en Perú, en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante las cuales los manifestantes expresaron su descontento con la presidenta Dina Boluarte. Según informa RT, este informe de la ONU ratifica que se cometieron violaciones a los derechos humanos en el contexto de estas manifestaciones.
Protestas Pacíficas con Actos de Violencia Aislados
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un extenso documento de 54 páginas, señala que la mayoría de las protestas, incluidas las que continuaron desde marzo hasta julio de ese año, se llevaron a cabo de manera pacífica. No obstante, se destaca que algunos manifestantes y otras personas llevaron a cabo actos de violencia.
Posición del Gobierno ante la OEA
La víspera de la publicación del informe, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, se presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exponer la posición del Gobierno de Boluarte. Durante su intervención, Otárola se refirió a la situación como un “escenario de violencia generalizada alimentado por grupos extremistas”.
Pérdida de Vidas y Recomendaciones de la ONU
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las manifestaciones contra Boluarte movilizaron a miles de personas y dejaron un saldo trágico, con 67 personas fallecidas y miles de heridas. Entre las víctimas, 49 perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El informe de la ONU señala que, en los casos documentados, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley hicieron uso de la fuerza, incluyendo la fuerza letal con armas de fuego, en circunstancias que no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos. Esto se traduce en una privación arbitraria de la vida, según el informe.
Recomendaciones Clave de la ONU
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha formulado recomendaciones al Estado peruano como resultado de este informe. Entre estas recomendaciones se destaca la necesidad de “garantizar que no se utilicen armas de fuego en el contexto del control de multitudes durante las protestas sociales.” Además, se insta a las autoridades a “abordar eficazmente los estereotipos discriminatorios o racistas” que fueron utilizados en contra de los manifestantes.
El informe de la ONU arroja luz sobre un período de tensiones en Perú y plantea preocupaciones significativas sobre el respeto de los derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas.
