La Corte de Apelaciones de Chillán, en un fallo unánime emitido hoy, confirmó la resolución que ordenó la prisión preventiva del alcalde de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt. El alcalde se encuentra imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos. Estos ilícitos, según la acusación, habrían ocurrido en el contexto de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados en el municipio durante el año 2022.
El fallo unánime
La Primera Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Érica Pezoa, Claudio Arias y el fiscal judicial, Solón Vigueras, ratificó la resolución impugnada que fue dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes el 15 de septiembre pasado. Dicha resolución mantenía al alcalde Figueroa Betancourt recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.
Sin cambios en las circunstancias
El fallo de la Corte establece que no se han producido cambios en las circunstancias que justificarían la modificación de la medida cautelar. Según el tribunal, ni la declaración del imputado ni el informe social presentado aportan nuevos elementos que permitan modificar la medida de prisión preventiva. Además, se destaca que el imputado tiene arraigo, un aspecto que no ha sido cuestionado, ya que fue electo al cargo de alcalde.
La necesidad de cautela
En cuanto a la necesidad de cautela, el tribunal mantuvo su opinión inicial de que la libertad del alcalde Figueroa Betancourt podría representar un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto se fundamenta en la naturaleza de los delitos imputados, su cantidad y gravedad, así como la pena probable que podría derivar de los mismos. Según la resolución, estas consideraciones se mantienen invariables.
Conspiración en licitaciones
Según el Ministerio Público, la investigación, que incluyó la interceptación de llamadas telefónicas y seguimientos, reveló que el alcalde Figueroa Betancourt se habría confabulado con el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares para adjudicar de manera irregular procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio.
