El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil inició este jueves el juicio que podría terminar en la inhabilitación del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro para las elecciones de 2026 y de 2030.
Tras las intervenciones del relator del caso, el demandante, la defensa del exmandatario y de la Fiscalía electoral, la sesión quedó suspendida hasta el próximo martes, cuando empezarán los votos.
Bolsonaro, perdedor de las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, terminó el pasado 31 de diciembre su mandato de cuatro años, que entre otras cosas le dejaron varios procesos abiertos en su contra en el Supremo y una quincena en la justicia electoral.
Pocos dudan de que uno de los procesos que más daño le puede hacer al exmandatario que los siete jueces empezaron a analizar en Brasilia.
Abuso de poder
El proceso se inició con la demanda interpuesta por el centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) después de que, en julio de 2022, tan solo tres meses antes de los comicios presidenciales, Bolsonaro expusiera en una reunión con 40 embajadores, transmitida por los medios oficiales, su infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas.
Esa teoría, que Bolsonaro repitió en múltiples ocasiones durante años, habría motivado a que sus partidarios radicales clamaran fraude en las elecciones y que, pocos días después de la investidura de Lula, invadieran y destrozaran las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Por estos hechos el exmandatario también está siendo procesado en la máxima corte.
“Un evento deformado en maniobra electoral”
En su intervención de este jueves, el Ministerio Público Electoral (MPE), que ya se manifestó a favor de la inhabilitación de Bolsonaro tras encontrar evidencias de abuso de poder político, dijo que la reunión con embajadores “fue deformado en instrumento de maniobra electoral”.
Por parte del demandante, el abogado del PDT, Walber Agra, aseguró que en esa reunión tuvo “un claro desvío de finalidad para desmoralizar a las instituciones y de forma internacional, lo que es grave”.
“Será que vamos a entrar nuevamente en la ceguera colectiva? (…) Bolsonaro utilizó bienes públicos para fines electorales y varias veces”, agregó.
Por su parte, el abogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, reconoció que Bolsonaro puedo haber utilizado un tono “inadecuado y ácido”, pero dijo que esa reunión ocurrió “mucho antes” del período de campaña electoral.
Y opinó que el caso debería encuadrarse en una práctica de propaganda electoral anticipada, por lo que como máximo podría aplicarse al mandatario una multa.
“Es una afrenta”
La ley electoral considera que el abuso de poder político se produce cuando el imputado se aprovecha de su cargo y utiliza los bienes públicos con el fin de influir en el elector.
Si es inhabilitado, Bolsonaro, de 68 años, no podrá participar en unos comicios durante ocho años, un período que cuenta a partir de las elecciones de 2022.
Antes de viajar este jueves a Porto Alegre (sur), donde fue recibido por sus seguidores, Bolsonaro volvió a sugerir que lo tiene muy difícil.
“A mi edad, [lo] que me gustaría hacer, mantenerme 100% activo en la política. Y quitándote los derechos políticos que, en mi opinión, es una afrenta, pierdes un poco de ese gas”, dijo.
El miércoles le dijo a periodistas que el caso está llevado por “acusaciones frágiles”.
“No sé por qué crear una tormenta en un vaso de agua. Solo hablé [con los embajadores] de cómo funcionaba el sistema electoral. No mencioné la palabra fraude allí, con respecto a futuras elecciones”, dijo a la CNN.
Habría que ver cómo reaccionarían sus seguidores si es condenado el exmandatario, teniendo en cuenta el precedente de los ataques en Brasilia. Bolsonaro estaría preparando una estrategia de presión de sus seguidores en las redes sociales para dejarlo posicionado como víctima, según el sitio de noticias G1. De manera preventiva, las autoridades de la capital decidieron extremar las medidas de seguridad en la sede de la Corte.
Es probable que el juicio se extienda durante por lo menos tres sesiones. También existe la posibilidad de que uno de los jueces pida más tiempo para analizar el caso y que quede interrumpido indefinidamente.
