La fiscalidad verde se puede resumir fácilmente: las empresas que contaminen más, pagarán más impuestos. Es una estrategia para la que la Unión Europea lleva años trabajando. Todavía no ha empezado a aplicarse, pero eso está cerca de cambiar desde la aprobación del Reglamento 2023/956.
Llega el “arancel del carbono”. En mayo de este año, el Parlamento Europeo aprobó el ‘Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión’ (MAFC), que fija los precios en función del carbono que producen los materiales importados. Se trata de un arancel que se calculará en función de las emisiones de CO2 y está enmarcado como una de las principales medidas para aplicar el Pacto Verde Europeo.
Este mecanismo será la base de referencia sobre la que se realizarán posteriores cálculos de impuestos. Es decir, si por ejemplo un fabricante de coches compra acero en determinado lugar, deberá acabar pagando más en función de cuanto CO2 asociado haya. En cambio si apuesta por un material más sostenible para construir los coches, pagará menos.
Inicialmente el MAFC únicamente será un dato informativo, para posteriormente acabar siendo un impuesto añadido. A mayor sea el CO2 producido para el producto, mayor será este arancel.
A partir del 1 de octubre de 2023 empieza la fase inicial. En octubre empieza una fase de transición, que se extenderá hasta 2026. Durante este tiempo, los importadores de bienes deberán informar de las emisiones de CO2 causadas por los productos.
Es decir, las empresas deberán informar sobre su huella de carbono total. Poco a poco será habitual encontrar en los informes el cálculo de CO2 emitido, aunque Europa no exigirá un mayor pago de impuestos durante esta fase. Simplemente informar sobre las emisiones.
Según explica la Comisión Europea: “se pedirá a los importadores que recopilen los datos del cuarto trimestre” y el primer informe deberá ser presentado a finales de enero de 2024.
Europa ayudará a calcular cuántas emisiones de CO2 tiene cada empresa importadora. El Reglamento ofrece una descripción de hasta qué punto y cómo deberán las empresas informar de estas emisiones.
Durante el primer año, las empresas tendrán tres opciones: utilizar el método europeo, el método nacional o sobre los valores de referencia. A partir de 2025, únicamente se permitirá el método de la Unión Europea.
Para ayudar en este proceso, la Comisión está “desarrollando herramientas informáticas específicas para ayudar a los importadores a realizar e informar estos cálculos, así como orientación detallada, materiales de capacitación y tutoriales para ayudar a las empresas cuando comience el mecanismo de transición”.
A partir de 2026 se aplicarán impuestos en base al MAFC. Una vez pase el periodo inicial (hasta enero de 2026), los importadores estarán obligados a declarar el MAFC y se retirará la entrega gratuita de derechos de emisión. Es decir, el importador empezará pagar más por aquellos productos que emitan más.
Un arancel que no dependerá del origen del producto importado, sino de la cantidad de CO2 que se ha producido.
Centrándose primero en la industria más contaminante. Este mecanismo para calcular las emisiones se aplicará inicialmente a las importaciones de bienes cuya producción sea especialmente intensiva en carbono (cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno) y posteriormente se irá extendiendo su ámbito de producción.
Los BRICS han reaccionado en contra. Países como India, Brasil o China han protestado contra la aplicación de este mecanismo, ya que penaliza a las empresas que adquieren productos en esos países, por una combinación de materiales y transporte necesario. Incluso se llegó a amenazar con denunciar la medida ante la Organización Mundial del Comercio.
Según defienden desde la Comisión Europea, el proceso de aplicación de este mecanismo está siendo “totalmente transparente”, tanto para la industria como para los países alejados que verán como sus productos comprados en Europa no son tan competitivos si hay que sumarles una tasa para importarlos.
Según apuntan desde el Real Instituto Elcano, los más afectados podrían ser Rusia, Turquía, China, Noruega, el Reino Unido y Ucrania.
El calendario está cerrado, pero hay mucha presión. La fecha de octubre es clara y el Reglamento tiene un calendario ya aprobado y cerrado. Sin embargo, en los últimos meses desde las altas esferas de la Comisión Europea se está hablando abiertamente de ralentizar la transición ecológica. Por una combinación de presiones ajenas e interés económico en época de crisis.
