La controversia en torno a la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, sigue sumando antecedentes. En su declaración ante la fiscalía, Francisca Moya, jefa de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), reveló que el decreto que aprobaba la adquisición fue revisado por un licenciado en derecho que aún no tenía el título de abogado.
¿Cómo llegó el decreto a la firma de Boric?
Moya detalló el proceso en el que la documentación llegó hasta el escritorio del presidente Gabriel Boric, quien finalmente estampó su firma sin recibir advertencias sobre posibles problemas legales.
“No recuerdo que el Presidente me haya dicho algún alcance”, declaró la abogada ante la fiscalía.
Según su testimonio, el documento fue tramitado por la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, pero quien realizó la revisión legal del decreto no contaba con la habilitación profesional completa. Este hecho plantea serias dudas sobre la rigurosidad del proceso administrativo en una compra que generó gran polémica política y terminó siendo cancelada.
Irregularidades en la compra
El intento de adquisición de la casa de Allende por $933 millones de pesos quedó en entredicho luego de que se revelara la participación de dos familiares del expresidente como vendedoras del inmueble, lo que generaba un posible conflicto de interés.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría General de la República han puesto el foco en la legalidad de la operación, lo que llevó a la intervención del Ministerio Público y al avance de la investigación.
Consecuencias políticas y legales
El hecho de que un licenciado en derecho sin el título de abogado haya sido responsable de la revisión jurídica del decreto podría debilitar la defensa del Gobierno en este caso, abriendo la puerta a eventuales responsabilidades administrativas.
El escándalo sigue creciendo y pone en una situación delicada a las autoridades involucradas en la tramitación de la compra. Por ahora, el Gobierno ha insistido en que el presidente Boric firmó el decreto sin advertencias previas, pero la investigación continúa y podrían revelarse nuevas irregularidades en los próximos días.
