En un giro alarmante, cinco presuntos miembros de la peligrosa banda internacional Tren de Aragua fueron liberados en Los Vilos tras una cuestionada audiencia de revisión de medidas cautelares. El incidente ha desatado una ola de críticas y preocupación tanto en el ámbito judicial como en el gobierno, generando serios cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la jueza Daniella Pinto advirtió repetidamente al abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, sobre las graves deficiencias en su argumentación. Estos errores llevaron a la jueza a modificar la prisión preventiva de los imputados, quienes estaban bajo acusaciones de asociación ilícita y secuestro agravado. Cabe destacar que estos individuos habían sido detenidos en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en noviembre pasado, permaneciendo en prisión preventiva hasta la polémica decisión judicial.
La magistrada Pinto, visiblemente frustrada, dejó constancia en el registro de audio de la audiencia que el abogado Soto no estaba preparado para responder a las alegaciones precisas de las defensas, lo que finalmente facilitó la liberación de los detenidos bajo arresto domiciliario total y con una fianza de $5 millones.
Las consecuencias de esta decisión no tardaron en manifestarse. Cuatro de los cinco liberados han evadido a la justicia, con solo uno entregándose voluntariamente a la PDI en la Región de Coquimbo. Esta situación llevó a la Corte de Apelaciones de La Serena a revertir la decisión del tribunal y reinstaurar la prisión preventiva, pero para entonces ya era demasiado tarde para la mayoría de los imputados.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación administrativa para determinar las responsabilidades internas, mientras que la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, ha sido instruida para proceder con la máxima celeridad en esta indagatoria. Cooper enfatizó la necesidad de revisar las directrices y la preparación de fiscales y abogados asistentes para evitar futuras negligencias.
El caso también ha expuesto una problemática estructural dentro del Ministerio Público: la Fiscalía Local de Los Vilos es una de las 45 fiscalías unipersonales del país, donde solo hay un fiscal titular. Esta situación obliga a que muchas audiencias sean atendidas por abogados asistentes, quienes no siempre están adecuadamente capacitados o informados.
Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, señaló que la falta de recursos y personal adecuado es un problema crítico. “No puede ser que toda la responsabilidad recaiga sobre un abogado asistente en un contexto de recursos insuficientes”, afirmó Bravo, quien también hizo un llamado a fortalecer el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial para mejorar la dotación en fiscalías unipersonales.
El gobierno, a través de la ministra del Interior Carolina Tohá, expresó su preocupación por la liberación de estos peligrosos individuos. Tohá aseguró que las autoridades están trabajando para recapturar a los prófugos y destacó la necesidad de evaluar las falencias que permitieron esta situación. “Nos preocupa y nos sorprende que en un caso tan evidente se haya tomado una decisión de este tipo”, concluyó la ministra.