El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha levantado una nueva y alarmante denuncia que sacude los cimientos de la ayuda social en el país. Según la investigación realizada, aproximadamente la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia del Estado no tienen existencia real.
La denuncia, presentada por presuntos delitos de “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”, revela una negligencia alarmante en el control de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según los informes obtenidos por Infobae, durante la gestión anterior, se autorizó la salida de alimentos hacia lugares inexistentes, con direcciones falsas y sin ningún tipo de supervisión sobre quiénes eran los responsables de estos supuestos establecimientos ni cuántas personas realmente recibían ayuda.
Entre los nombres mencionados en la denuncia se encuentran “Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto” y “Luz y Esperanza”, todos ellos identificados como lugares que no funcionan como comedores ni merenderos, e incluso con direcciones inexistentes.
Uno de los casos más impactantes es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”, que al ser investigado se descubrió que en su lugar se encuentra un barrio privado. Otros nombres, como “Sol de Barrio”, ni siquiera pudieron ser localizados, y algunos registros apenas contienen un número de expediente sin ninguna identificación clara.
Según las auditorías realizadas, solo se pudo relevar el 52.3% de los comedores, mientras que el 47.7% restante presenta problemas graves, desde cierre hasta direcciones falsas o simplemente inexistencia de los lugares declarados.
Este escándalo revela una falta alarmante de control sobre los miles de millones de pesos destinados a la alimentación de los sectores más necesitados. La denuncia plantea que esta situación no puede ser ignorada, ya que implica una grave violación de los deberes de los funcionarios públicos y un fraude a la Administración Pública.
El Programa Nacional Argentina contra el Hambre, que tenía como objetivo garantizar la seguridad alimentaria a los sectores más vulnerables, se ve ahora empañado por estas revelaciones. A pesar de los anuncios pomposos durante la pandemia del COVID-19, que aseguraban la asistencia alimentaria a más de 11 millones de personas en todo el país, la realidad parece ser muy diferente.
La denuncia del Ministerio de Capital Humano plantea la urgente necesidad de una investigación judicial para determinar el destino de los alimentos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados en esta presunta red de corrupción. Esta revelación sin duda sacude la confianza en los programas sociales del Estado y destaca la necesidad de una supervisión más rigurosa en la distribución de ayuda alimentaria.
