El 29 de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un acuerdo para reformar la Constitución del país, generando un intenso debate sobre la legitimidad y las implicaciones de esta medida. La modificación se centró en el artículo 248, que regula el proceso de reforma constitucional, simplificando drásticamente los requisitos necesarios para llevarla a cabo.
Tradicionalmente, reformar la Constitución salvadoreña requería dos legislaturas: una para iniciar el proceso con mayoría simple y otra para finalizarlo con al menos dos tercios de los votos. Sin embargo, la enmienda propuesta por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, altera este procedimiento, permitiendo que la reforma se realice en una sola legislatura con el respaldo de tres cuartas partes de los diputados.
La propuesta de Nuevas Ideas tomó por sorpresa a muchos, ya que se presentó inesperadamente y fue aprobada con dispensa de trámites. Obtuvieron 66 votos del partido gobernante, junto con el respaldo de sus aliados, mientras que 16 diputados de la oposición votaron en contra. Esta maniobra se benefició de la composición favorable de la legislatura saliente y de los resultados electorales recientes, asegurando el respaldo necesario para la segunda votación en la nueva legislatura.
Los defensores de la reforma argumentan que simplemente están añadiendo un nuevo mecanismo de seguridad al proceso constitucional. Sin embargo, la oposición ha criticado tanto el contenido de la reforma como la forma en que se llevó a cabo. Denuncian irregularidades, como el hecho de que la reforma se realizó fuera de plazo y sin un debate adecuado en la Asamblea Legislativa.
Más allá de las disputas técnicas y formales, la oposición advierte sobre el riesgo de arbitrariedad y la concentración de poder en manos del gobierno de Bukele. Se teme que esta reforma pueda limitar derechos ciudadanos fundamentales, como la libertad de expresión y de prensa, y que debilite los contrapesos institucionales.
En este contexto, la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha sido llamada a intervenir. Sin embargo, las respuestas hasta ahora han sido cautelosas, lo que aumenta la preocupación sobre el futuro de la democracia en El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas.
