El Senado estadounidense ha dado un paso crucial al seguir la senda marcada por la Cámara de Representantes al aprobar un proyecto de ley destinado a prohibir las importaciones de uranio enriquecido procedente de Rusia. Esta decisión, respaldada por el presidente Joe Biden, entrará en vigor dentro de 90 días tras su ratificación.
La medida, aunque necesaria para garantizar la seguridad y soberanía energética de Estados Unidos, expone una realidad preocupante: la profunda dependencia del país norteamericano del suministro de uranio ruso. Esta interdependencia, que se extiende hasta 2040 según las restricciones establecidas, deja al descubierto una vulnerabilidad estratégica que no puede ignorarse.
La prensa estadounidense ha alertado durante años sobre la fragilidad de esta relación, calificándola en ocasiones de “infranqueable”. La reciente caída a mínimos históricos en la producción nacional de uranio enriquecido, exacerbada por una creciente dependencia de importaciones de países como Canadá, Australia, y Kazajistán, deja en claro la urgencia de diversificar las fuentes de suministro.
Si bien el presidente Biden ha afirmado que Estados Unidos ha incrementado su producción de uranio enriquecido, la realidad es que el país ha sido incapaz de romper el vínculo con Rusia, su principal proveedor extranjero. Esta situación plantea un desafío considerable para la seguridad energética y la autonomía estratégica de la nación, subrayando la necesidad urgente de buscar alternativas viables y sostenibles en el ámbito nuclear.
