En lo que se ha convertido en una práctica habitual el Alcalde Camilo Benavente, ha denunciado lo que él considera una clara persecución política por parte de la Contraloría Regional. ¿La razón? La suspensión temporal del administrador municipal por parte del ente fiscalizador.
La decisión de suspender al administrador por un periodo de 10 días ha desatado un debate en la comunidad, con el alcalde Benavente liderando el frente de aquellos que consideran que esta medida es excesiva y motivada por intereses políticos.
Según Benavente, la suspensión del administrador es una práctica habitual en las investigaciones de la Contraloría, diseñada para permitir que estas se desarrollen sin interferencias externas. Sin embargo, el alcalde destaca que, en este caso particular, parece haber un trasfondo político evidente, especialmente considerando la impugnación de decisiones municipales por parte de la Contraloría en el pasado.
El caso que desencadenó esta suspensión temporal se remonta a una sociedad formada por el administrador municipal y otro individuo en 2017. Según la versión del alcalde, esta sociedad nunca tuvo actividad financiera ni concretó proyectos de ningún tipo.
Benavente ha salido en defensa del administrador, describiéndolo como una persona íntegra y transparente cuya única falta fue asociarse contractualmente en un proyecto que, finalmente, no tuvo ningún impacto práctico.
La suspensión del administrador ha generado preocupaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de la Contraloría y su posible influencia en la administración local. Este incidente ha avivado el debate sobre los límites entre la supervisión necesaria y la potencial persecución política, subrayando las tensiones inherentes entre los gobiernos locales y los organismos de control.
